Guía Legal de Firma electrónica en Chile

1) Ley N° 19.799. Sobre documentos electrónicos, firma electrónica y los servicios de certificación de dicha firma. Conocida como la "Ley de Firma Electrónica". Esta ley, regula los documentos electrónicos, firma electrónica, servicios de certificación de firma y otros textos legales, con el objetivo de regular e impulsar el uso de la firma electrónica avanzada para efectuar trámites mediante medios electrónicos.

2) Decreto Supremo N° 181. Aprueba Reglamento de la Ley 19.799. Sobre documentos electrónicos, firma electrónica y los servicios de certificación de dicha firma.

3) Decreto Supremo N° 83. Aprueba norma técnica para los órganos de la administración del estado sobre seguridad y confidencialidad de los documentos electrónicos.

4) Ley N° 20.217. Modifica el Código de Procedimiento Civil y la Ley N° 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y los servicios de certificación de dicha firma.

5) Ley N° 19.628. Sobre protección de la vida privada.

6) Ley 19.880. Establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del estado.

7) Decreto Supremo N° 93. Aprueba Norma Técnica para la adopción de medidas destinadas a minimizar los efectos perjudiciales de los mensajes electrónicos masivos no solicitados recibidos en las casillas electrónicas de los órganos de la administración del estado y de sus funcionarios.

8) Decreto Supremo N° 154. que modifica decreto N° 181 de 2002, que aprueba Reglamento de la Ley N° 19.799, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y la certificación de dicha firma.

9) Decreto Supremo N° 14 que modifica Decreto N° 181 de 2002, que aprueba Reglamento de Ley N° 19.799, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y la certificación de dicha firma.

10) Decreto Supremo N° 24 que aprueba la norma técnica para la prestación del servicio de certificación de firma electrónica avanzada.

*Este es solo un resumen de las leyes y decretos más relevantes, existen otras normas como dictámenes y circulares que también regulan el uso de la firma electrónica en Chile.

Descarga el marco normativo a detalle de la firma electrónica en Chile AQUÍ.

Con la Firma Electrónica en Chile, los documentos tienen un valor legal garantizado por cuatro características clave: autenticidad, integridad, no repudio y confidencialidad. Estas características brindan seguridad y confiabilidad en la comunicación y verificación de documentos, asegurando que los remitentes sean quienes dicen ser, que los mensajes no han sido alterados y que las comunicaciones son privadas y seguras.

La Ley N° 19.799 establece los principios para la Firma Electrónica en Chile, incluyendo la libertad de prestación de servicios y libre competencia.

La libertad de prestación de servicios permite a cualquier persona emitir Firmas Electrónicas Simples, mientras que para emitir Firmas Electrónicas Avanzadas, el prestador debe ser previamente autorizado por el estado.

El principio de neutralidad tecnológica asegura que la normativa no favorezca una tecnología en particular, y la distinción entre Firma Electrónica y Avanzada es necesaria pero no limita la evolución tecnológica.

El principio de compatibilidad internacional busca estandarizar los sistemas de confianza globalmente, para que la tecnología utilizada en Chile sea compatible con la utilizada en otros países.

Digicert, empresa reconocida a nivel mundial por su prestigio en la validación de identidades, firma electrónica y seguridad informática, es la empresa encargada de certificar la Firma Electrónica Simple de Webdox en Chile.
Conoce más sobre la legalidad de la firma electrónica en Chile

En Chile es la Subsecretaría de Economía, Fomento y Turismo. Conoce los actores involucrados en el proceso de firma electrónica en Chile

• ECERT
• ACEPTA.com
• E-SIGN S.A.
• Miembros integrantes de la Adobe Approved Trust List
• CERTINET S.A.
• E-PARTNERS (Paperless)
• BPO-Advisors (IDOK)
• Thomas Signe

La Ley N° 19.799 excluye ciertos casos de ser gestionados con firmas electrónicas o transacciones digitales.

Estos casos incluyen aquellos que requieren una solemnidad que no se puede cumplir mediante documentos electrónicos, aquellos que requieren la concurrencia personal de alguna de las partes, y aquellos relativos al derecho de familia.

Algunos de los casos excluidos son la constitución y modificación de sociedades y la compraventa de bienes raíces y contrato de hipoteca en contratos inmobiliarios.

De acuerdo al principio de autonomía de la voluntad, las partes pueden dar fuerza vinculante a la firma electrónica simple. Conoce el marco normativo de la firma electrónica en Chile.

La Firma Electrónica Simple tienen valor probatorio de acuerdo a las normas generales señaladas en el Código de Procedimiento Civil (Título XI "De los Medios de Prueba en Particular" artículos 341 y siguientes) En caso de impugnación, debe demostrar su autenticidad quien emite la firma. Conoce los aspectos procesales y probatorios sobre la firma electrónica en Chile.

La Firma Electrónica Avanzada, tiene el valor probatorio de Plena Prueba, la carga de la prueba e impugnación se traslada a quien la alega como falsa. Conoce los aspectos procesales y probatorios sobre la firma electrónica en Chile.

Los documentos electrónicos con Firma Electrónica Avanzada pueden ser presentados en un juicio y tienen el mismo valor probatorio que los documentos regulados por las reglas generales.

Los documentos electrónicos con Firma Electrónica Avanzada que tienen la calidad de instrumento público harán plena prueba en la audiencia de percepción documental.

Los documentos electrónicos con Firma Electrónica Avanzada que son instrumentos privados tienen valor probatorio según las reglas generales.

Los documentos electrónicos con Firma Electrónica Simple que son instrumentos privados tienen valor probatorio según las reglas generales.

No. De acuerdo con la historia de la Ley el reglamento debía establecer las condiciones técnicas para la generación, archivo, comunicación y conservación de la integridad del documento electrónico firmado, de manera que el juez pudiera ponderar estándares, objetivo para controlar la admisibilidad de los documentos electrónicos.

La validez legal de la firma electrónica en documentos y contratos ha sido respaldada por la jurisprudencia chilena en diversos casos. Algunos de los más relevantes incluyen:

Sentencia del Juzgado de Letras de Santiago de 2009, que reconoció la validez de la firma electrónica simple en un contrato de prestación de servicios.
Sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago de 2010, que reconoció la validez de la firma electrónica avanzada en un contrato de compraventa de bienes inmuebles.
Sentencia de la Corte Suprema de 2013, que reconoció la validez de la firma electrónica simple en un contrato de prestación de servicios de telecomunicaciones.

Estos son solo algunos ejemplos de cómo la jurisprudencia chilena ha respaldado la validez legal de la firma electrónica en documentos y contratos, y muestran la tendencia hacia la aceptación de la firma electrónica como forma válida y legal de autenticar y sellar contratos y documentos.

Conoce el informe de Jurisprudencia de la Firma Electrónica en Chile

Sí, son todos aquellos documentos o contratos que según la Ley (artículo 3) señala: 1.- Aquellos en que la ley exige una solemnidad que no sea susceptible de cumplirse mediante documento electrónico; 2.- Aquellos en que la ley requiera la concurrencia personal de alguna de las partes, y 3.- Aquellos relativos al derecho de familia. Existe en la actualidad un proyecto de ley (Boletín 8466-07) que modifica la Ley N° 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma y otros textos legales que indica. Conoce la guía de uso de la firma electrónica por tipo de documento o contrato

Chile reconoce la firma electrónica de Webdox como un tipo válido de firma electrónica, ya que utiliza un prestador de servicios de certificación mundial como Digicert, y mantiene disponibles certificados a nombre de Webdox Legal SpA.

• Procesos más rápidos
• Menor uso de papel
• Acceso fácil a la información
• Intercambio legal entre instituciones
• Mayor seguridad en transacciones y trámites.